“La Constitució espanyola defineix tots les llengües oficials que es parlen a Espanya com a llengües espanyoles”. Como decía, la Constitución define todas las lenguas oficiales que se hablan en España como lenguas españolas. Así, en el preámbulo proclama la voluntad de proteger las lenguas de todos los españoles y pueblos de España. El artículo 3 se refiere al castellano como la lengua española oficial del Estado y declara también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas a las demás lenguas españolas. El artículo 20 garantiza el acceso de los medios de comunicación social a las diversas lenguas de España. En definitiva, la Constitución termina con la frase siguiente: “Se publicará también en las demás lenguas de España.” Por tanto, en la Constitución española no se establece una única e indivisible lengua española, lengua común de todos los españoles, sino que refiere una pluralidad de lenguas españolas; todas igual de españolas, máxime si lo combinamos con el artículo 14, que establece la igualdad de todos los españoles. De todo ello se desprende que la salvaguarda y promoción de la diversidad lingüística en España es una cuestión que atañe por imperativo, no ya legal sino constitucional, al conjunto del Estado y a todos sus organismos y no sólo a aquellas comunidades autónomas que disponen de lengua propia diferente del castellano. Sin embargo, después de casi treinta años desde que se refrendara la Constitución son escasas las ocasiones que las instituciones comunes a todo el Estado exhiben esta diversidad constitucionalmente proclamada. Aunque bien es verdad que en los últimos años se percibe una mayor conciencia de este déficit, aun prevalece la inercia de tópicos sociales que consideran al castellano como la lengua española por antonomasia y no así a las otras. Lo vemos muy a menudo en la vida corriente, pero también en documentación oficial. El profesor Albert Branchadell manifestaba en un reciente artículo que el informe de la comisión de expertos que supervisaba la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias señalaba que España es todavía un país que no es plenamente consciente de su carácter plurilingüe. El ejemplo más chocante de esta inconsciencia es que aun esté pendiente la utilización normal de las diversas lenguas españolas en el Senado español. Aunque más chocante es, si cabe, el contraste con el esfuerzo desplegado por las instituciones europeas para el reconocimiento de las diversas lenguas, un proceso, por cierto, avalado por unanimidad; a ver si se van a poder hablar las lenguas en las instituciones europeas y no se va a poder hacer en este Senado. El Senado tendría que ser la casa común de las lenguas españolas por antonomasia. Todas las lenguas españolas pertenecen a un territorio, son todas territoriales y si el Senados es la Cámara de representación territorial, debería ser también una Cámara de representación y convivencia de todas las lenguas españolas. Es cierto que en la legislatura pasada se dio un paso importante, un paso de gigante en la Comisión General de Comunidades Autónomas: por primera vez en una institución general del Estado, la Comisión General de Comunidades Autónomas, se pueden utilizar todas nuestras lenguas. Ya se utilizaron en un asunto tan simbólico y propio como fueron las reformas de los estatutos. Sin embargo, señor presidente, aun lo estimamos insuficiente, como así también lo dan a entender otros grupos de la Cámara, si no todos. Usted mismo, señor presidente, utilizó las diversas lenguas en su primer discurso ante el Pleno. Asimismo, el presidente del Gobierno, en la presentación del Gobierno, expresó su reconocimiento a la pluralidad lingüística y aseguró sentir las distintas lenguas de España como propias. También todos los portavoces que intervinieron aquel día se expresaron en algún momento en su lengua propia, no todas diferentes del castellano, pues el portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene como lengua propia el castellano, aunque el portavoz del Partido Popular, con motivo de una moción en el Pleno sobre lenguas, utilizó su lengua propia diferente del castellano. Todo esto sucede en el Pleno, donde se utilizan a veces las lenguas con la benevolencia del presidente, aunque todavía no esté regulado su uso. Uno de los objetivos fundamentales de nuestro grupo es el impulso del reconocimiento de la pluralidad lingüística de España y, si bien es cierto que se ha dado un paso importante hacia ello en la Comisión General de Comunidades Autónomas, creemos que una sola comisión del Senado no reconoce plenamente la pluralidad recogida en la Constitución. Por este motivo presentamos esta moción al término de esta pasada legislatura y hoy volvemos a repetirla al inicio de esta. Aunque entonces esperamos hasta el final para ver si se podía llegar al consenso, las vicisitudes políticas de la segunda mitad de la legislatura pasada lo impidieron, aunque no por ello finalizara la misma sin que el grupo de la Entesa expresara su posición. Ya anunciamos que la defendíamos entonces y la defenderíamos en la próxima legislatura; motivo por el que hoy la hayamos presentado otra vez. Nuestro ánimo es constructivo, señor presidente. Nos gustaría llegar al acuerdo, al consenso y al voto unánime, también del Partido Popular, pues nos parece fundamental su concurso, ya que gobierna o ha gobernado en cuatro de las seis Comunidades Autónomas que tienen lengua propia. Siguiendo también al profesor Branchadell, nos preguntamos si esta legislatura será propicia para que los dos grandes partidos estatales alcancen un pacto de Estado por el que la defensa de todas las lenguas españolas sea también una cuestión de Estado. También comprendemos que las fuerzas del Partido Socialista tienen que realizar un esfuerzo. Un Reglamento de una institución central del Estado sin el concurso del principal partido de la oposición no parece juicioso. Pero tampoco nos lo parecería, señor presidente, un cerrado no, un numantino Santiago y cierra el Senado a las lenguas, porque creemos que es una cuestión que cae por su propio peso. La moción, pues, es idéntica a la aprobada en esta Cámara. La parte dispositiva establece que el Senado promueva la reforma del Reglamento de la Cámara y lo haga con efectos en la presente legislatura. Cuando se suscita en otros organismos alguna suerte de institucionalización de la diversidad lingüística, siempre aparece, ni que sea como excusa, que el Senado sí es el lugar idóneo. Es el Senado el lugar idóneo; no vengan aquí a enturbiar. No vamos a discutir ahora la cuestión de otras instituciones, aunque, desde luego, en el camino para el pleno reconocimiento de la realidad plurilingüística de España, es normal, es lógico que sea el Senado el primer lugar donde esta se asuma sin reservas de ninguna clase. Esperando, pues, su voto afirmativo, muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoras y señores senadores.
